La inseguridad jurídica se ha adueñado de los tribunales españoles cuando se trata de juzgar los casos de abusos financieros por cláusulas suelo. La zona geográfica y el juez encargado de cada caso son clave para determinar el resultado final de cada demanda. Hasta ahora, 23 audiencias provinciales abogan por autos con efectos retroactivos, mientras que otras 17 solo la anulan desde el momento en que se dicta la resolución. Esto deriva en que situaciones idénticas concluyen con resultados contrapuestos.
Ante esta disparidad de criterios, las vías que los abogados abren para tratar de que los bancos resarzan el daño financiero causado a sus clientes se multiplican y crean un caos que cada día tiene nuevas ramificaciones.
La última es la que esgrime la asociación DenunciasColectivas.com Sus abogados sostienen que su nueva estrategia ante los tribunales no solo va a pasar por solicitar la devolución por diferencia de intereses para los afectados, sino que también van a reclamar que la entidad financiera recalcule las cuantías amortizadas.
Para ilustrar mejor su estrategia recurren a un ejemplo. Parte de una hipoteca tipo (según los datos de los 2.600 expedientes de afectados por cláusulas suelo que gestionan sus abogados) de 173.000 euros contratada el 1 de junio de 2007 a 28 años. El tipo de interés era el euríbor más 0,83% con un tipo de interés fijo el primer año de 4,50% y una cláusula suelo del 3,20%.
Como cualquier hipotecado sabe, durante la vida de las hipotecas la cuota mensual implica pagar una parte de intereses y otra de capital. “Al anular la cláusula suelo, se pagan menos intereses, y eso repercute también en la amortización de la hipoteca (la parte de capital principal que se paga), que es mayor”, aseguran en la asociación.
Según su ejemplo, la diferencia sería de 3.392 euros en esa hipoteca tipo. En función de este cálculo, han hecho una extrapolación a todos los afectados, que estiman en unos cuatro millones en toda España. Al recalcular las hipotecas sin la distorsión de la cláusula suelo, consideran que estos deberían ser resarcidos con un total de 24.000 millones de euros en concepto de retroactividad.
Es decir, la diferencia entre los intereses pagados y los que deberían haber pagado sin ese suelo impuesto por el banco. “Además, vamos a solicitar que el banco haga un ajuste en la amortización del capital principal de cada hipoteca, que, según nuestros cálculos, es del 35% de la cantidad a devolver cuando se aplica la retroactividad. En total, 8.400 millones”, explica Javier Gastón, responsable de la plataforma.
De recuperar esa suma, supondría un beneficio adicional a los afectados en el caso de que quisieran adelantar la cancelación de su hipoteca o traspasarla a otro titular.
Valorar el beneficio real
La propuesta es tan compleja que ni siquiera los abogados más activistas contra la banca la ven clara. “Lo máximo que pueden conseguir los afectados es que el juez recalcule su hipoteca desde el principio como si nunca hubiera existido cláusula suelo y les devuelvan la diferencia. Y creo que ya es lo adecuado“, explica Juan Moreno, abogado experto en Derecho Financiero y más conocido como el abogado del 15MPaRato o de la plataforma contra el euríbor.
“Todo es planteable ante la Justicia, pero conviene valorar adecuadamente si el esfuerzo de luchar por conceptos tan complicados tiene o no beneficio real”, explica María Elisa Escolà, abogada de Derecho Procesal en Jausas Legal y profesora asociada de la Universidad de Barcelona en Derecho Procesal y Derecho Concursal.
Según reconocen en denunciascolectivas.com, plantear esta amortización no implica que el afectado perciba una compensación mayor. “Efectivamente, el afectado no recibe más dinero que el resultante de la diferencia entre los intereses pagados y el recálculo de estos sin cláusula suelo. Sería el banco el que debería cambiar el cuadro de amortización y provisionar ese 35% de diferencia. Solo en caso de terminar de pagar la hipoteca antes de lo previsto o traspasarla a otro titular, habría un beneficio para el afectado”, explican.
Para que eso ocurriera, habría que partir de la base de que todos los casos de cláusulas suelo contaran con una sentencia que reconociera la nulidad de dicha sentencia. Eso depende mucho del lugar donde se juzgue la cuestión. “Por pedir que no quede. Pero todo esto se terminaría si la jurisprudencia española unificara criterios y actuara conforme a los criterios marcados por la Unión Europea”, asegura Patricia Suárez, presidenta de la asociación de afectados por los abusos bancarios Asuapedefin.
Situación rocambolesca
Suárez alude a la rocambolesca situación jurídica que afecta a las cláusulas suelo. La sentencia que marcó el punto de inflexión la dictó el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013. En ella se reconocieron los fallos de comercialización y la falta de transparencia de estas cláusulas. El fallo afectó directamente a las entidades demandadas, BBVA, Cajamar y Novagalicia, y provocó que las tres suspendieran las cláusulas suelo en todas sus hipotecas desde ese día, no así el resto de las entidades financieras. Pero aquel trámite judicial, liderado por la asociación Ausbanc, no reclamó la retroactividad. Incluso el Supremo manifestó que exigirla podría poner en peligro al sistema financiero español.
La decisión llegó después de que el 14 de marzo de ese año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera el llamado caso Aziz. El de un afectado por las cláusulas suelo que había llegado hasta la máxima instancia jurídica europea y que consiguió que se declarase nula esta disposición para limitar la caída de los tipos de interés en las hipotecas. Con ello, obligó a considerar el contrato como si nunca hubiera existido y a resarcir la distorsión entre lo pagado y lo que realmente hubiera correspondido sin el suelo. Era como poner el contador de la hipoteca a cero y volver a calcular todo, y en ese proceso es en el que denunciascolectivas.com considera que también está incluido el reajuste del capital amortizado.
¿Qué prevalece, el derecho europeo o el nacional?
Este es el dilema al que cada día se enfrentan los jueces de estos casos desde hace un año. Ante la incapacidad del sistema jurídico de marcar una línea de actuación común, la inseguridad se adueña de los afectados y estimula la creatividad de los abogados.
