La retroactividad total de las cláusulas suelo lleva tiempo aplicándose en los juzgados españoles. De hecho, más de un tercio de las audiencias provinciales existentes en España han establecido doctrina menor sobre este asunto en favor de los perjudicados, fijando obligatoria la devolución íntegra de lo cobrado de más por los bancos en los contratos hipotecarios en los que se aprecia abuso y poca transparencia. Las decisiones de estos tribunales territoriales son recurribles ante el Tribunal Supremo, que analiza en la actualidad una demanda colectiva presentada por Adicae sobre 15.000 afectados. El Supremo ya fijó en una sentencia contra BBVA, Novagalicia y Cajamar como fecha para la devolución de las cuotas a partir de mayo de 2013.
Ahora la doctrina del alto tribunal español está en cuestión después de que esta semana se conociera que Bruselas está a favor de que la retroactividad sea total en caso de una mala comercialización de las hipotecas por parte de las entidades. La Comisión ha reclamado al Tribunal de la UE que se pronuncie al respecto. La postura que adopte esta última institución es fundamental para que cerca de cuatro millones de hipotecados puedan recuperar el dinero que han abonado de más a las entidades. El sector financiero defiende que son legales y que de manera general se incorporaron con transparencia en los contratos.
Un día después de que se publicara la opinión de Bruselas, la Audiencia Provincial de Tenerife condenó a BBVA a pagar todo a un afectado, casi 4.000 euros. Hasta ahora, esta institución no concedía ningún tipo de retroactividad en las sentencias de su jurisdicción. Ni siquiera la adoptada por el Supremo.
La política aplicada por este tribunal territorial es seguida por otros 18 de los 50 existentes en nuestro país. Otras audiencias provinciales no se han pronunciado al respecto y han elevado a Bruselas cualquier tipo de decisión, asumiendo que es complicado determinar si la nulidad de los contratos es desde su escritura o partir de la fecha determinada por el máximo órgano español. En concreto son ocho, según denunciascolectivas.com Por su parte, 14 siguen la doctrina del Supremo y las restantes diez no exigen devolución alguna.
El sector financiero, en función de la solución del Tribunal de la UE, se verá más o menos afectado. Algunas cifras estiman que el coste de la retroactividad podría ascender a más de 20.000 millones, pero los cálculos son complejos debido a la diversidad de préstamos, tipos de interés mínimos a cobrar por los bancos e importes.
Lo que parece más probable es que todas las entidades tendrán que retirar las cláusulas suelo, lo que impactará en la cuenta de resultados de los próximos años. Caixabank y Bankia anunciaron la semana pasada que habían decidido eliminar esta condición en todos los créditos, con un coste anual de 265 millones en conjunto. Otras negocian cliente a cliente la solución para evitar acudir a los tribunales, pero mantienen una parte importante de las cláusulas.
